Javier Brown César es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, magister en Política Educativa por la Universidad de Panamá y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Como profesor imparte las asignaturas de de teoría política contemporánea y sistemas políticos en la Universidad Vasco de Quiroga. En HUMANUM lo buscamos para que nos comparta su visión de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que está a unos días de concluir.


En este sexenio fue evidente que la obra pública, especialmente en infraestructura carretera y aeroportuaria presentó deficiencias mortales, como el caso del Paso Exprés de Cuernavaca y, por otra parte, no logró consolidarse dada la poca confianza que había en la asignaciónde contratos, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho, México Evalúa indicó que estos proyectos, junto con el tren México-Querétaro no cumplían con estándares de competencia deseables. ¿Cuáles deben ser los criterios que guíen la asignación y ejecución de obrapública para evitar la corrupción?

Los criterios que deben orientar las contrataciones, adquisiciones, licitaciones, compras y servicios del sector público están claramente establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El artículo 134, en suprimer párrafo, es claro en su mandato al establecer que: “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacerlos objetivos a los que estén destinados”. El párrafo tercero manda que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Durante la presente administración se violaron flagrantemente los supuestos previstos en nuestra Constitución y en la legislación secundaria. El mandato constitucional y legal es claro, en el sentido de que la licitación pública es la regla para todas las compras, adquisiciones y obras del gobierno. Este mandato se desobedeció, ya que aproximadamente el 70 por ciento de los contratos gubernamentales se dio a partir de adjudicaciones directas, lo que ha permitido amplios márgenes de discrecionalidad en lo relativo a quien o quienes realizan las obras, así como las condiciones que deben prevalecer que deben ser lasmejores “en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En lo relativo a las licitaciones, los procedimientos que se deben seguir están claramente previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Toda licitación debe sujetarse a principios de competencia económica y libre concurrencia, lo que se viola cuando se dan las adjudicaciones directas.

La corrupción fue la característica que más se destacó en la presidencia de Enrique Peña Nieto y la llamada Casa Blanca quizá sea el emblema con el que se le pueda asociar. ¿Por qué fue posible la corrupción en este sexenio que termina?, ¿es necesaria una Fiscalía Anticorrupción independiente del poder?, ¿cómo puede darse?

La corrupciónen este sexenio fue posible porque el abordaje que se le dio al problema asumió como punto de partida una visión simplificada del fenómeno, una de cuyas premisas fue que se trata de un hecho cultural, tal como lo dijo el presidentede la República en una entrevista. De esta forma, se partió de un diagnóstico erróneo que no da cuenta de las vertientes institucionales de la corrupción, en cuya base está un sistema rentista que ha prevalecido en nuestro país. El sistema rentista se basa en la exacción generalizada de recursos públicos y privados para nutrir una maquinaria aceitada apta para encontrar los resquicios de las leyes y las fallas inminentes de las autoridades.

El fenómeno de la corrupción no sólo es de leyes, es también de instituciones y autoridades. En la vertiente institucional, se ha perpetuado una visión patrimonialista de los recursos públicos que son utilizados con fines privados o para favorecer a sectores y actores específicos. En el aspecto de la autoridad, se da una connivencia entre autoridades y sectores económicos, políticos y sociales para generar un sistema de flujos de efectivo que beneficia de manera particular aquienes ostentan cargos públicos de alto nivel, a las fuerzas de seguridad pública aliadas con la delincuencia y a organizaciones que basan su operación en la captura de espacios públicos para fines privados. Existe una importante cadena de corrupción que no se ha atacado de forma eficaz y que no sólo involucra al sector público, sino que comprende a sectores que se benefician del desvío de recursos públicos y de la exacción de recursos privados.

En el tema de la Fiscalía Anticorrupción independiente encontramos uno de los mayores retosque no pudo enfrenar la administración saliente, al grado de que no hay un titular de la Fiscalía, lo que da cuenta de la poca relevancia que la administraciónsaliente le dio al tema. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene un sólido entramado institucional y comprende cuatro nuevas leyes y reformas a tres disposiciones: nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; nueva  Ley Orgánica del Tribunal Federal de JusticiaAdministrativa; nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas; nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; reformas a la Ley Orgánicade la Administración Pública Federal; reformas al Código Penal Federal; reformas a la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con la nueva legislación se creó un nuevo sistema integrado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y Sistemas Locales. El Sistema Nacional de Fiscalización se integra a su vez por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría dela Función Pública, y las entidades de fiscalización superiores locales. Además, se creó una Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción. Para que se dé una Fiscalía autónoma, se requiere una reforma del artículo 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, cuyo texto vigente prevé que: “la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República”. Aunque se prevé que el Senado puede objetar la remoción del Fiscal Anticorrupción, es indispensable garantizar la plena autonomía de las dos Fiscalías, la General y la Anticorrupción.

Hoy, gracias a errores en el diseño institucional, no se garantizó con oportunidad la independencia de la Fiscalía General, lo que llevó al intento de nombrar un fiscal a modo, lo que fue obstruido por el bloque parlamentario opositor enambas Cámaras del Congreso de la Unión. Para garantizar la plena autonomía dela Fiscalía Anticorrupción y darle la prioridad que debe tener, sería deseabledarle autonomía constitucional y garantizar que el nombramiento de quien ocupe la titularidad se dé bajo criterios técnicos y procedimientos que garanticen la imparcialidad y objetividad del proceso; en este nombramiento el Senado debería tener un papel destacado. Además, debe establecerse claramente el perfil del Fiscal, así como la garantía de su inamovilidad, con la única excepción de causas graves que deberán fundarse y motivarse y resolverse por parte del Senado. Con el actual diseño institucional es posible que el Fiscal sea removido discrecionalmente, ya que el texto constitucional no exige que el procedimiento sea fundado y motivado. Además, al depender la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General y al no ser esta autónoma, se podría hace un uso político de ella, para perseguir opositores al gobierno. Por último, debe cambiarse el enfoque de combate a la corrupción para, en lugar de buscar víctimas propiciatorias se lleve a cabo un diseño institucional que efectivamente robustezca a las instancias involucradas como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

La violencia en el país también creció durante el sexenio de Peña Nieto, al llegar a más de 28 mil homicidios dolosos en 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Esta cifra es mucho mayor respecto de la administración que le antecedió, que en 2011, cuando comenzaron a disminuir los homicidios dolosos en el sexenio de Calderón. ¿A qué factores puede atribuirse el fracaso en la seguridad pública?

El gobierno no tuvo un diagnóstico acertado sobre el fenómeno delincuencial y sus múltiples aristas. Se apostó por una estrategia de seguridad basada en la concentración, el centralismo y el silencio. La Secretaría de Gobernación asumió tareas que rebasaron ampliamente sus capacidades, se apostó por una política de seguridad que relegó el fundamental tema de las capacidades institucionales municipales y estatales y se abandonó la narrativa y las acciones en los ámbitos correctivo y preventivo. El componente más importante de la estrategia de seguridad debió haber sido, en énfasis, en el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales para transitar de un modelo basado en la fuerza bruta a un modelo cuya base debe ser la generación de inteligencia policial y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Durante el periodo que se dio para la implementacióndel nuevo sistema de justicia penal, que culminaba en el año 2016, no se generaron las capacidades institucionales básicas en las entidades federativas: policías con capacidades mínimas en materia logística y estratégica, y entrenadas en la cadena de custodia y la inteligencia policial; jueces y ministerios públicos que no se prepararon en técnicas de argumentación y contraargumentación; salas de juicios orales que no se crearon a tiempo; unidades de supervisión de medidas cautelares inexistentes. Para cuando se debió haber implementado el nuevo sistema, había fallas institucionales inadmisibles y la sospecha de desvío de recursos que debían destinarse al desarrollo del nuevo sistema. Hoy el Poder Judicial es, junto con las policías locales, el eslabón más débil en la lucha contra la delincuencia.

Por otro lado, prevaleció a lo largo de todo el sexenio el modelo rentista basado en la connivencia entre autoridades, delincuentes y grupos organizados que lucraron con la depredación de los espacios públicos y con la extracción de rentas ciudadanas: no se combatieron adecuadamente la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, actividades todas que lesionan la actividad privada y la economía familiar. El Estado mexicano transfirió los costos de la inseguridad a los particulares bajo un modelo de renuncia a sus facultades constitucionales en materia de seguridad pública, lo que disparó el gasto privado en seguridad. La lucha contra las organizaciones delincuenciales presentó serias deficiencias y cayeron los decomisos de armas y el número de detenciones, aumentando en contraparte los homicidios dolosos, con la consecuencia que el sexenio que termina ha sido el más violento de la historia.

En materia de cooperación internacional poco se hizo para enfrentar un problema global, que es el de la delincuencia organizada transnacional. Los cárteles se fortalecieron y la guerra entre ellos se agudizó principalmenteentre el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Golfo, Sinaloa y Zetas. El flujo de armas hacia México se mantuvo constante por la vía de la frontera norte, mientras que toneladas de drogas circularon libremente hacia el mayor mercado del mundo: los Estados Unidos de América. Uno de los aspectos más delicados de la falla en materia de seguridad fue la incapacidad para proteger a periodistas, quienes denunciaron el contubernio entre autoridades y organizaciones delincuenciales.

En el sexenio que acaba también hemos visto que no existe una disminución significativa de la pobreza. ¿Por qué este rubro quedó pendiente?

El problema de la pobreza es consecuencia de un modelo en el que se apuesta por una alta concentración de la riqueza en pocas familias. Este modelo, en lugar de combatirse mediante políticas redistributivas, se mantuvo gracias a la conservación de privilegios, a la proliferación de negocios a la sombra del poder y a procesos de adjudicación directa que beneficiaron con importante scontratos a unos cuantos empresarios aliados del gobierno. A pesar de que la Cruzada contra el Hambre partía de un diagnóstico acertado, ya que se adoptó la metodología de la Matriz de Marco Lógico, el programa fue parte del mecanismo de triangulación de recursos conocido como Estafa Maestra, con el que se desviaron más de 7 mil millones de pesos. Además, no se asumió que la pobreza tiene un fuerte componente regional así, por ejemplo, la aportación del PIB estatal al PIB nacional en 2016 fue del 1.52 por ciento en Oaxaca, comparadocon el 3.10 por ciento de Baja California. En el fondo está un modelo equivocado de desarrollo regional que no atendió a la necesidad de fortalecerla infraestructura y la tecnificación en el sur sureste del país, donde existeuna gran riqueza natural, pero poca capacidad para agregar valor a los productos, lo que castiga al productor y beneficia a quienes tienen el capital para generar valor agregado. En muchas entidades del sur y sureste del país existe una gran riqueza agrícola y ganadera, pero la producción se basa en el uso intensivo de mano de obra y en la oferta de productos con bajo o nulo valor agregado.

El presidente electo ha dicho que no juzgará asus predecesores, pero el clamor popular parece sugerir lo contrario. ¿Se debe juzgar a Peña Nieto?, ¿por qué delitos?

La pregunta sobre el juicio a Peña Nieto siempre será difícil considerando que al hacerlo se rompe con una tradición de alternancia en la que los ex presidentes no son juzgados por sus actos u omisiones. Esta tradición ha sido una constante desde la consolidación del presidencialismo mexicano, a pesar de graves casos de corrupción como en el sexenio de Miguel Alemán o de delitos de lesa humanidad como en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz o de uso arbitrario del poder y nepotismo como en el sexenio José López Portillo. Es deseable romper el tradicional pacto entre presidentes entrante y saliente, para darpaso a una nueva dinámica de nuestro sistema presidencial en la que los ex presidentes de la República puedan ser juzgados por los delitos cometidos durante su encargo. En el caso de Enrique Peña Nieto, fueron notorios los actos de corrupción, el desvío de recursos, el manejo irresponsable e ilegal de la deuda y la colusión con empresarios que resultaron ampliamente beneficiados por importantes contratos, además de obras que tuvieron como consecuencias víctimas fatales como el Paso Exprés y el Tren Interurbano México-Toluca.

 

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Escrito por Víctor Vorrath

El gusto por contar historias me llevó al periodismo y la literatura; la pasión por la filosofía, a la docencia. Chilango que se mueve entre Puebla y Oaxaca.

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